Fue por revanchismo político, dicen los regidores

De allí que en Huauchinango, en la Sesión de Cabildo del 10 de marzo pasado el pleno determinó, por unanimidad, no ratificar las citadas donaciones que fueron calificadas como ilegales y que incluyen diferentes bienes muebles e inmuebles, propiedad del H. Ayuntamiento ya que no se cumplieron con los requisitos legales de forma y fondo así como no contar con la autorización del Congreso local.

De allí que, luego que la petición fuera recibida en el Congreso del Estado, la contestación firmada por José Lauro Sánchez presidente de la Comisión de Hacienda, en seguida de analizada la situación que guardan estas donaciones, señala que: “por disposición constitucional es facultad del Ejecutivo del Estado someter a la aprobación del Congreso, la enajenación de bienes inmuebles, propios de los municipios y los contratos que celebren los Ayuntamientos, cuando tengan una duración mayor al periodo para el cual fueron electos, por lo que para proceder a la autorización antes referida se deberá cumplir el extremo legal antes señalado”.

Por lo que, al no existir constancia sobre que se hayan agotado los recursos de legalidad que se señalan en el párrafo anterior y como indica la propia Constitución, son nulas tales donaciones. Algunos regidores expresaron su malestar contra esta situación que dejara el ex alcalde López Angulo que calificaron como revanchismo político y muestra del engaño a que fueron sometidas muchas personas, organizaciones y dependencias que al ser usadas para sus propios fines, hoy deben devolver lo mal adquirido.

Cabe mencionar que el ex presidente Rogelio López Angulo se encuentra indiciado por el pleno del Cabildo por un quebranto patrimonial al municipio superior a los 170 millones de pesos, lo que no ha sido aclarado debidamente y deberá ser el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado (Orfis) el que se haga cargo de los subsecuentes pliegos de observaciones para que le sea autorizada no sólo la entrega-recepción que inició el pasado 14 de febrero, sino sus cuentas públicas en el Congreso así como los señalamientos de peculado y denuncias penales que en su momento podrían se integradas ante la autoridad ministerial para que responda