JUNTAS AUXILIARES ¿CUARTO ORDEN DE GOBIERNO O RESTITUCIÓN DE DERECHOS ORIGINALES?

Por Alberto Amador Leal
Las contradicciones del centralismo tienen una clara expresión en la inanición institucional del Municipio que es el eslabón más débil, no la base como lo mandata la constitución, del sistema político mexicano. A esta fragilidad se agrega otra que tiene que ver con su relación política e institucional con las comunidades que de facto tiene un cuarto orden de gobierno: las juntas auxiliares, convertidas hoy en botín político de tirios y troyanos.

El razonamiento para no otorgar este derecho se sustentó en el argumento de que, de darse esta prerrogativa –indistintamente- para comunidades indígenas o no indígenas; se estaría reconociendo constitucionalmente el Cuarto Orden de Estado y de Gobierno, lo que contravendría la letra y el espíritu del 115 Constitucional que otorga toda la fuerza jurídica y política al municipio como la célula básica del sistema de gobierno. La contradicción es histórica: el municipio fue impuesto como la forma de gobierno del nuevo orden después de la conquista, en tanto que la forma de gobierno de los Pueblos era el “calpulli” el gobierno de la comunidad.

Hoy en día la representación de Gobierno a nivel de pueblos, comunidades y colonias es diversa a lo largo de la geografía nacional. En algunos casos, los Presidentes Municipales nombran delegados, en otras, existen modelos de autogobierno o bien, se presentan regulaciones múltiples en las leyes orgánicas municipales.

En el caso de Puebla, el Artículo 13 párrafo segundo de la Constitución, establece que el Estado reconoce a la comunidad como sujeto de derecho público pero no le concede personalidad jurídica. Asimismo el 106, fracción I, dispone que la Ley Orgánica Municipal establecerá: “La forma de elegir consejos municipales o juntas auxiliares, que ejerzan la autoridad local en poblaciones de la jurisdicción municipal distintas de la cabecera”. Por su lado, la Ley Orgánica Municipal denomina el capítulo XXVII De los Pueblos y su Gobierno. El Artículo 224 establece que: “Para el gobierno de los pueblos habrá Juntas Auxiliares, integradas por un Presidente y cuatro miembros propietarios, y sus respectivos suplentes” y el Artículo 225 determina que “Las Juntas Auxiliares serán electas en plebiscito, que se efectuará de acuerdo con las bases que establezca la convocatoria que se expida y publicite por el Ayuntamiento, por lo menos quince días antes de la celebración del mismo, y con la intervención del Presidente Municipal o su representante, así como del Agente Subalterno del Ministerio Público. El Congreso del Estado podrá enviar o nombrar un representante que presencie la elección”.Se dispone también la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan convenio con el IEE para efectos de la realización de los comicios. Más aún se da lugar a un quinto orden de gobierno representado por las inspectorías y se establece la revocación de mandato por acuerdo de las dos terceras partes de la población.

En todo caso, la figura de Juntas Auxiliares está arraigada como forma primaria de gobierno dado que la circunscripción territorial, en lo general, corresponde a asentamientos originales de los pueblos indígenas o a procesos de población claramente identificados. A diferencia del municipio que desde la colonia fue diseñado con la perspectiva de control. A este respecto Raúl Olmedo en su ensayo “Hacia el cuarto orden de Estado y de Gobierno: la comunidad”; destaca: “El conquistador diseño un municipio que fuera abstracto para la comunidad, que no fuera realmente el gobierno de la comunidad concreta, la organización de la comunidad por sí misma, sino que concentrará en la cabecera municipal el poder real”

Se dan casos paradigmáticos, como el del municipio de Puebla: las Juntas Auxiliares más importantes surgieron como parte de la centralización política de principios de los sesentas del siglo pasado que suprimió a las comunidades indígenas su categoría de municipios; subordinando a las comunidades históricamente constituidas, y a su forma de representación, a los designios del ayuntamiento de Puebla. En efecto en 1962 el Congreso del Estado decreto la anexión de los municipios de la Resurrección, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacán, al municipio de Puebla. Hoy las juntas auxiliares que antes fueron municipios, son las que observan mayor atraso social, de modo que su incorporación como juntas auxiliares al municipio no les significo ventaja para su desarrollo.

La enconada lucha por las presidencias auxiliares que hoy observamos, además de la natural disputa por el poder, tiene un trasfondo de reivindicación comunitaria. Es evidente que nos enfrentamos a claras contradicciones: a) por un lado, las juntas auxiliares no tienen reconocimiento jurídico, como no lo tienen ninguna de las comunidades del país, indígenas o no, y sin embargo; operan de facto como un cuarto nivel de gobierno; b) por otro lado, no ha existido la visión ni la determinación y políticas para impulsar un proceso de re- municipalización que atienda la realidad de las juntas auxiliares, algunas de las cuales tienen una población mayor que varios municipios; y c) lo más decepcionante es que los actores políticos solo ven en la población de las comunidades a sujetos de agregación social y política para alimentar sus propios proyectos de poder. Es pertinente preguntarse ¿Y después de la elección qué?

Si en realidad queremos poner a Puebla en la vanguardia del cambio nacional ha llegado el momento de considerar como una parte de la Reforma del Estado, el reconocimiento jurídico a las comunidades, en este caso las juntas auxiliares, o bien la restitución de la categoría de municipios a aquellas juntas auxiliares con población, historia, territorio e identidad propias a las que injustificadamente se privo de este derecho o a las que- pese a las evidencias, demográficas, económicas y políticas-no se les ha reconocido. Tal es la dimensión de los cambios institucionales que requiere Puebla para desde, lo local, desde la comunidad; alentar el crecimiento, recuperar el bienestar, cultivar la cohesión social y arraigar una nueva cultura y ética políticas que se apeguen a los valores y a los fines de la democracia y la justicia.