El propio Javier Sicilia se sintió obligado a recordar al Presidente que no se trata de una protesta contra el ciudadano Felipe Calderón, sino de un demanda efectiva de la sociedad ante el fracaso de una estrategia que pese a contar con un presupuesto superior en 500% al que tenía en el 2006 no ha contenido la violencia y sí provocado la muerte de 40,000 personas y una espiral de inestabilidad que tiende a crecer exponencialmente. Desde luego también los Partidos y los gobiernos locales tienen su parte de responsabilidad, pero es el Jefe del Estado Nacional y su gobierno, los depositarios del poder ejecutivo y los que tienen la capacidad legal para construir acuerdos y mover a las instituciones en el sentido que reclama la compleja situación prevaleciente.

Un momento como este lo vivimos 1994. El surgimiento del EZLN, el mismo día de la glamorosa entrada de en vigor del TLC, las rupturas al interior del PRI por los errores en la designación del candidato a la presidencia de la República y, su consecuencia fatal, la muerte de Luis Donaldo Colosio pusieron a la Nación ante dilemas inevitables. Con el proceso electoral en curso, el Presidente Salinas tomo una decisión acertada nombro como secretario de Gobernación a Jorge Carpizo un hombre de Estado con capacidad y determinación política que logro en muy poco tiempo una reforma política inédita que le dio estabilidad al país en el difícil momento de la elección presidencial. Al mismo tiempo encauzó las negociaciones con el EZLN.

Ya lo advirtió Javier Sicilia: “Es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo…” y agregó “Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no solo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones del 2012 serán las de la ignominia…”

¿Tenemos tiempo, para un pacto nacional? Quizás no para construir el gran pacto, que en 10 años no se ha erigido, pero si para un pacto que permita rehacer los consensos fundamentales

y evitar los riesgo de la inestabilidad política y la explosión social. Nadie ha pedido al Gobierno que claudique o que haga pactos con el crimen organizado, lo que se demanda es un cambio de rumbo y reencauzar la conducción política sobre principios éticos y democráticos.

Lo primero es hacer a un lado la polarización política y el extravió de los miembros del gabinete. Es por ejemplo verdaderamente lamentable que el Secretario del Trabajo Javier Lozano, en medio de la tragedia y el dolor de las familias de los mineros, atribuya a la reforma laboral pendiente la omisión del gobierno en la supervisión de las condiciones de seguridad e higiene. No señor Secretario, la reforma laboral presentada por el gobierno, ni la presentada por el PRI, tienen el aval de los trabajadores. El gobierno debe abrirse a un gran debate y no vilipendiar al PRI, con la fuerza de las televisoras, por no avalar su propuesta. El PRI a su vez debe de exponer a la sociedad cual es su posición sobre tan importante tema. Por lo demás las Secretarias del Trabajo y de Economía tienen en las leyes vigentes las facultades suficientes para salvaguardar la salud y la seguridad de los mineros. ¿O es no existe coordinación y atención a lo urgente? ¿Se requiere una reforma a ley para que hagan bien y con oportunidad lo que mandata la ley?

Para construir un pacto social, como el que propone el poeta Sicilia, el Presidente debe empezar por reconocer los errores de su gobierno y hacer los cambios necesarios en el Gabinete, al tiempo de exigir a quienes buscan ser candidatos que renuncien a sus cargos. Uno de esos cambios debería ser el del Secretario de Seguridad Pública, en la medida que no está utilizando los cuantiosos recursos asignados, más de 35,000 millones de pesos, para realizar inteligencia criminal. Existe la sospecha de que, lo que se está haciendo en esa dependencia con el enorme aparto técnico y humano a su cargo es espionaje político rumbo al 2012, tal y como se hizo desde la AFI en el 2006. Quizás esta hipótesis explique la ineficacia en el combate al crimen organizado y, lo más grave, que las estrategias operativas pudiesen ser orientadas de acuerdo al clima electoral del momento, como sucedió en Michoacán, Durango y Veracruz y ahora en Coahuila y Nayarit.