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LA CORTE EXONERO A PEÑA NIETO Y A MEDINA MORA DEL CASO ATENCO Daniel Blancas Madrigal | Nacional Al culminar la discusión de lo ocurrido en mayo del 2006, ocho de los 11 ministros del pleno exoneraron de manera oficial a las autoridades que ordenaron el uso de la fuerza pública en el municipio mexiquense, entre éstas el gobernador Enrique Peña Nieto y quien era titular de la SSP Eduardo Medina-Mora, hoy procurador de la República. Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo votaron en contra de este deslinde. En el dictamen final, los ministros incluirán tres “criterios orientadores”: uno, la petición a las autoridades competentes de ampliar las investigaciones y sancionar a quienes resulten culpables; dos, el señalamiento de que el proceder policiaco puede ser constitutivo de una actividad irregular del Estado y, tres, la enumeración de lineamientos sobre el uso racional de la fuerza pública y la actuación policial. Estos pronunciamientos serán enviados a los ejecutivos federal y estatal, a la PGR, a la SSP, a los Congresos y a las corporaciones involucradas, que pueden o no tomarlos en cuenta. Contra el segundo y el tercero se opuso la ministra Luna Ramos, con el argumento de que la Corte no está facultada por la Constitución para solicitar la reparación del daño ni para resarcir garantías violadas ni para determinar cómo deben ser los operativos policiacos. LA TROPA. Librados los mandos primeros, la discusión se centró en determinar si eran o no responsables de violaciones quienes planearon y diseñaron los operativos, es decir, Ardelio Vargas, entonces jefe del Estado Mayor de la PFP y hoy director del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información de la PGR; Ramón Pequeño, entonces delegado estatal del Cisen y hasta diciembre pasado Coordinador de Seguridad Regional de la PFP; Wilfredo Robledo, entonces comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal y hoy jefe de seguridad de Grupo Carso, y Héctor Sánchez, coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP y quien dimitió el pasado 31 de enero de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. Luna Ramos encabezó la defensa. Aseguró que no podía fincárseles responsabilidades porque en ningún documento ni entrevista ni interrogatorio se registró que había “órdenes de violar garantías a particulares o que éstas fueran solapadas”. La respaldaron los ministros Guillermo Ortiz, Mariano Azuela, Salvador Aguirre, Fernando Franco, Sergio Valls y Olga Sánchez. Se opusieron Gudiño, Silva y Góngora, quien afirmó: “Quien puede ordenar un operativo lo puede controlar y parar; a estas autoridades se les atribuye el haber mandado a personal cansado y el no tomar medidas preventivas que hubieran evitado lo sucedido”. Información en: |
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