En ese año, resultado de la lucha que mexicanos católicos pagaron hasta con su vida, se promulgó la Ley sobre Libertad de Cultos, garante, por primera vez en nuestra historia, de “…la independencia entre el Estado… y las creencias y prácticas religiosas… es y será perfecta e inviolable… Ningún acto solemne religioso podrá verificarse fuera de los templos sin permiso escrito concedido en cada caso por la autoridad política local”. El estado establecía la libertad y el derecho de todos los creyentes, dentro de límites claros y lógicos, después de haber recuperado para el siempre escaso caudal público las enormes propiedades del clero.

Los pre cristeros de la época montaron en cólera y en busca de conservar sus privilegios fueron por un emperador extranjero, único caso en América, tierra donde la realidad desbordó cualquier desfiguro. El obispo de Puebla, don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos visitó a Maximiliano en Trieste en 1862. A principios de 1863 fue recibido por el Papa Pío IX quien, en marzo, lo nombró Arzobispo de México, ocupado por los franceses el 21 de junio de ese año. Tres personajes incluso don Pelagio, integraron una regencia para entregarle el trono, la corona y el país a Maximiliano, confiando en destruir a Benito Juárez, católico devoto consciente de que su primera obligación era con México, obstinado por lograr para los mexicanos un México nuevo. Pero Maximiliano venía contagiado de ideas perniciosas emanadas de la Revolución Francesa y del Código Civil de Napoleón y proclamó la libertad de cultos en febrero de 1865, causando, primero el rompimiento con el Arzobispo y, después, la pérdida de los apoyos que lo habían hecho emperador espurio. El resto se escribió en el Cerro de las Campanas.

En la Constitución de 1917 se recogieron esos principios: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los templos o en sus domicilios particulares…”. Esta última frase se suprimió en 1992 y se autorizaron actos de culto externo. La estrategia de reversión histórica se ha precipitado en estos 11 años de gobierno de un partido cuya vocación religiosa de origen se manifiesta en devolver a instituciones afines, no a creyentes, el poder concentrado hasta antes de 1860.

Eso no puede ser. Por lo menos es lo que creen millones de ciudadanos y organizaciones cuya voz se ha levantado ante el peligro inminente de sufrir una mutilación más de las leyes que han dado a México estabilidad y bases de convivencia pacífica. Un diputado ¡del PRI!, Llamado Ricardo López Pescador, propone que en las escuelas públicas “…los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Habría que modificar el artículo 3º: “La educación que imparta el Estado deberá ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa”. La propuesta del diputado López, pasteurizada, pasará a la Cámara de Senadores y luego, en su caso, a los congresos estatales si se quiere reformar la Constitución. Se intenta revisar los artículos 3º, 5º, 27º y 130º. En una manipulación grotesca de la realidad, se pretende entregar no sólo la educación sino medios masivos de influencia sobre la opinión pública y otros instrumentos del dominio intelectual, a quienes los perdieron hace más de siglo y medio.

Ante la inminencia de un repudio popular el primero de julio, el partido aún en el poder trata de ganar tiempo. La aprobación del engendro de López Pescador fue un sabadazo con el agravante de la nocturnidad. El tiempo se les va y sólo un milagro (no debemos ignorar esa posibilidad en este caso) puede mantenerlos donde están. Precipitados pierden las formas: Josefina Vázquez Mota: “Primero misa y después votar. Yo les pido que vayan a misa a las 8 y luego a votar”. Si no son señales de culto externo sí lo son de un propósito definido, de una meta a la que se debe llegar cueste lo que cueste. Ernesto Cordero me lo confirmó en público el jueves: “Si llego a Presidente permitiré la religión en las escuelas públicas”. El problema es que la ambición ya no se conforma con recintos escolares: abarca el país entero otra vez.

Coincido con el párrafo final de uno de los desplegados de esta semana: “Cerremos filas alrededor del carácter laico del Estado mexicano, condición indispensable para la anhelada convivencia armónica y la paz social”. También recojo las palabras finales de las declaraciones en “El Universal” del jueves: “Que se defina en el artículo 40 de la Constitución el carácter laico del Estado mexicano”.