Por Enrique Doger

ENRIQUE DOGER

Lamentablemente, todo indica que en el PRI de Puebla prevalece un sistema político cerrado y absolutista, donde quien no piensa como el gobernador o no acata sus órdenes es satanizado, rechazado y bloqueado, como lo demostró el hecho de que la Comisión Estatal de Procesos Internos del partido solamente haya registrado la precandidatura del favorito del mandatario.

La “estrategia” del “pan o palo” - que el partido aplicó hace más de 50 años en el país, cuando prácticamente no había oposición - es la que pretenden ejecutar en la entidad quienes obedecen las instrucciones del llamado “primer priísta del estado”, que me quiere castigar echándome del PRI porque no estuve de acuerdo con lo que le hizo a la periodista y luchadora social Lydia Cacho Ribeiro.

En este sentido, debo reiterar que sigo sin estar de acuerdo con que un presidente o gobernador – de cualquier estado y procedencia partidista- manipule el sistema de impartición de justicia de la entidad, para favorecer a uno de sus amigos y castigar a injustamente a algún ciudadano.

Y esto fue, precisamente, lo que ocurrió en el caso Cacho: el aparato de procuración e impartición de la justicia de la entidad fue puesto a disposición de Kamel Nacif, para que cumpliera su venganza personal contra Lydia Cacho, a quien acusaba de “calumniarlo” a él y a su amigo Jean Succar Kury, debido a que la periodista escribió que Kamel Nacif trataba de sacar de la cárcel a Succar Kury, acusado de pederastia.

La historia demostró que Lydia Cacho tenía razón: Succar Kury confesó en televisión haber tenido relaciones sexuales con menores y que su allegado Kamel Nacif lo apoyaba, mientras en Puebla se procedía “legalmente” por “difamación y calumnias” contra la luchadora social que denunció este caso.

Incluso, el mismo Kamel Nacif publicó en un diario nacional el desplegado en que confesó que sí había tenido con el gobernador de Puebla la conversación que éste trató de negar o matizar, que hirió a millones de mexicanos en todo el país, se convirtió en un escándalo nacional y generó que en el resto de México a los poblanos nos pusieran el hiriente mote de “preciosos”.

Hoy, el gobernador que puso el sistema de procuración e impartición de justicia a disposición de su amigo para concretar una venganza personal, es el mismo que lleva años utilizando los recursos y acciones del Estado y del propio partido en beneficio de quien él cree que le garantiza su proyecto transexenal. A esto le llaman “el uso del poder” sus admiradores pagados, mientras la mayoría de los ciudadanos lo vemos como lo que es: un abuso y burda imposición.

El rechazo del registro como precandidato es una evidente violación a mis derechos políticos, que trataré de hacer respetar ante organismos federales, porque queda claro que sería inútil y una pérdida de tiempo recurrir a las instancias locales de justicia partidaria o al tribunal electoral de la entidad, puesto que ambos se encuentran controlados por el mismo personaje que ordenó mi exclusión.